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COMERCIO ELECTRÓNICO

Investigación de la UCR promueve competencia y defensa del consumidor

Rebeca Malavassi Campos

Un estudio sobre la protección del consumidor en materia de comercio electrónico sirvió de base para la elaboración del Decreto Ejecutivo Nº 40703-MEIC, titulado “Reforma al Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC del 08 de julio de 2013, Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley nº 7472”.

El Dr. Hugo Alfonso Muñoz Ureña, coordinador general del proyecto (centro de corbata), destacó la importancia de este tipo de iniciativas para solventar necesidades de las instituciones públicas, al tiempo que contribuyen con la formación académica de los estudiantes. 

Este Decreto Ejecutivo (VER), que ya está en vigencia, establece un marco normativo nacional sobre el comercio electrónico y fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 25 de octubre de 2017.

El “Estudio: diagnóstico y propuesta de solución normativa sobre las mejores prácticas internacionales incluidas las establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la protección del consumidor en materia de comercio electrónico”, fue realizada por el Dr. Hugo A. Muñoz Ureña (investigador principal) y el Lic. Federico Torrealba Navas, del  Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), quienes contaron con el apoyo de diez estudiantes de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Derecho.

El Dr Muñoz, quien además funge como director del IIJ,  explicó que actualmente Costa Rica se encuentra en el proceso de adhesión a la OCDE. En ese contexto, el país debe ajustar su legislación para cumplir con estándares mínimos definidos por esta Organización y en lo relativo a la protección de los consumidores. Hasta ahora Costa Rica no contaba con normativa específica para la regulación del comercio electrónico.

“El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) realizó un primer contacto en junio de 2016 con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de nuestra Universidad para proponer que se realizara una investigación que tendría entre sus productos una propuesta de normativa que permitiese regular la materia.

“El Lic. Federico Torrealba Navas y yo aceptamos realizar dicha investigación, bajo la modalidad de un proyecto de investigación con vínculo externo”, manifestó el académico.

Para poder elaborar esta propuesta normativa, se realizó un estudio a profundidad de las legislaciones que, sobre la materia, tienen cinco países: Chile, España, Estados Unidos de América, Francia y México.  Asimismo, se revisó la legislación nacional y las directrices y documentos que ha emitido la OCDE.

La nueva normativa, que se encuentra vigente desde el 26 de octubre 2017, incluye varias disposiciones que fortalecen la protección de los consumidores que contratan por medios electrónicos, tanto la prestación de un servicio,  como la adquisición de un bien.

Según manifestó el Dr. Muñoz Ureña, el hecho de poder realizar una investigación, cuyos frutos incidan inmediatamente en la realidad social que rodea a la Universidad, es algo poco común, pero que para nuestro quehacer investigativo en la disciplina del derecho, debería comenzar a ser más frecuente.

“La Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas cuentan con profesores (as) e investigadores (as) que son verdaderos expertos en su campo del conocimiento.

“Las instancias gubernamentales deben saber que en ellos pueden encontrar un apoyo para los temas jurídicos (no solamente normativos), que fomente una alianza fuerte entre la Administración Pública y la Universidad Pública. Esta experiencia exitosa lo demuestra.”

“Ha sido muy grato poder contribuir con el MEIC, tanto con la investigación realizada, como con la propuesta de normativa que dio paso al decreto. De igual forma, ha sido muy interesante haber podido vincular a un equipo de estudiantes de grado en el proceso investigativo, pues esto contribuye a su formación y les ha permitido experimentar la forma en que se realiza la investigación jurídica en un Instituto de Investigación.”

Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)

El Instituto de Investigaciones Jurídicas es una unidad académica dedicada a la investigación sistemática en el campo de las ciencias jurídicas. Como objetivo general, el IIJ desarrolla y divulga la investigación en las diferentes ramas de las ciencias jurídicas.

Así mismo, se encarga de propiciar, coordinar y participar en la ejecución de programas y proyectos de investigación en ámbitos interdisciplinarios vinculados con los estudios jurídicos, para contribuir al progreso de las ciencias, las humanidades, la técnica y así poder elevar el nivel cultural de la nación costarricense mediante la acción universitaria.

Sesión de trabajo realizada al inicio del proyecto en setiembre-octubre  del 2016, en la Facultad de Derecho. A la derecha los profesores Hugo Muñoz  y Federico Torrealba, junto con algunos de los estudiantes que colaboraron en el proyecto.