Desde Brasil hasta Filipinas, gobiernos herméticos de todo el mundo están respondiendo a la pandemia de COVID-19 encubriendo datos y eludiendo las reglas de contratación pública, socavando la confianza en los sistemas de salud, alimentando a los antivacunas y poniendo en riesgo las campañas de inmunización.
Brasil es uno de los países más afectados por COVID-19 en el mundo, mientras el gobierno va por su cuarto ministro de Salud desde que comenzó la pandemia.
Los contratos clandestinos de bienes y servicios médicos se han convertido en la norma en muchos países, mientras se manipulan o no se reportan los datos sobre casos y muertes por COVID-19.
Las autoridades y los jefes de estado han aprovechado la pandemia como una oportunidad para desarticular a los organismos públicos dedicados a la apertura y la comunicación, y existe toda una galería de los peores delincuentes del coronavirus.
Para el hemisferio Sur, las repercusiones para los sistemas de gobernanza y de salud que ya están en dificultades podrían ser catastróficas.
Esta es la historia de dos pandemias, dice Jonathan Cushing, quien dirige el área de salud global en Transparencia Internacional, organización anticorrupción sin fines de lucro.
“Está la COVID-19 y luego lo que hemos visto durante el año pasado es una falta de transparencia: la utilización de la legislación de adquisiciones directas aprovechando las necesidades de emergencia en ese momento”, comenta Cushing a SciDev.Net.
“Hemos visto repetidos casos de corrupción, y esa es la segunda pandemia en muchos sentidos”, asevera.
Las malas prácticas se han reportado “en todo el mundo, en Filipinas, en Uganda, hemos visto casos en Kenia, y también en América Latina”, dice Cushing.
“A medida que avanza la pandemia hemos visto el cambio desde la prisa por comprar [equipo de protección personal] y ventiladores … a la adquisición de vacunas”, agrega.
“Lo que estamos viendo ahora es una completa falta de transparencia”.
El presidente de Tanzania, John Magufuli, puede haber sido víctima de su propia negativa a reconocer la presencia y gravedad del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19.
En junio, Magufuli declaró que “Dios ha eliminado la enfermedad del corona”, dejando a Tanzania “libre de coronavirus”. El gobierno dejó de publicar datos sobre cantidad de casos, mientras que la vigilancia y las campañas contra la enfermedad disminuyeron.
La muerte de Magufuli —oficialmente por problemas cardíacos, pero se cree que relacionada con COVID-19— se anunció el 17 de marzo.
Residentes de la ciudad más grande de Tanzania, Dar es Salaam, dijeron a SciDev.Net que estaba por verse si el gobierno del país revertiría las políticas cada vez más autoritarias de Magufuli. Pero la nueva presidenta, Samia Suluhu Hassan, ya marcó una diferencia con su predecesor, comprometiéndose a formar un comité científico asesor sobre COVID-19.
Según los epidemiólogos, las estadísticas serán fundamentales para cualquier respuesta basada en nueva evidencia. Pero por ahora continúa la falta de datos y la gente se sigue enfermando.
“Lo que falta ahora en Tanzania es un entorno propicio que permita investigaciones científicas sobre temas como las pandemias”, dice Frank Minja, médico tanzano y profesor asociado de Neurorradiología en el Departamento de Radiología e imágenes biomédicas de la Facultad de Medicina de Yale, EE.UU.
“Por supuesto, la ciencia no funciona de forma aislada; necesita decisiones económicas y políticas. Pero la ciencia es una herramienta que debería usarse para resolver nuestros problemas”, añade.
Para los países que están publicando estadísticas, mucha de esa información ha sido manipulada para revelar una versión más optimista de la realidad.
Según Transparencia Internacional, la manipulación de datos es un indicador clave de la corrupción de COVID-19. Esto puede tener consecuencias devastadoras, como la mala asignación de recursos, picos en las tasas de casos porque se alienta a los ciudadanos a seguir su vida con normalidad, y una mayor desconfianza en los gobiernos cuando la realidad no coincide con la versión oficial de los hechos.
Múltiples estudios, incluidos los basados en tasas de población con anticuerpos COVID-19, han sugerido que el SARS-CoV-2 es más prevalente en muchos países de lo que revelan las estadísticas oficiales.
Uno de esos estudios, realizado en Zambia y publicado en The BMJ, observó “una prevalencia sorprendentemente alta de mortalidad por COVID-19”.
El equipo de investigación, dirigido por Lawrence Mwananyanda de la organización Right to Care, dijo: “Contradiciendo la narrativa predominante de que COVID-19 ha perdonado a África, la enfermedad ha tenido un impacto severo en Zambia. La forma en que esto se pasó por alto se explica en gran medida por las bajas tasas de testeo, y no por una baja prevalencia de COVID-19”.
“Si nuestros datos se pueden generalizar a otros entornos en África, la respuesta a la pregunta ‘¿Por qué COVID-19 se saltó África?’ es que no lo hizo”.
En respuesta, patólogos del Ministerio del Interior y del Hospital Universitario de Zambia dijeron que las conclusiones del estudio de Lusaka eran “muy cuestionables” y no podían extrapolarse a toda el África subsahariana.
Investigadores de la India encontraron que las infecciones por COVID-19 se habían subestimado groseramente y podrían ser hasta 95 veces más altas que las cifras oficiales.
El economista de salud y desarrollo Anup Malani dijo a SciDev.Net que la alta seroprevalencia —la cantidad de personas que dieron positivo por COVID-19— en las áreas rurales estudiadas se debió a la migración masiva desde las ciudades para escapar de las restricciones de la cuarentena obligatoria.
En Brasil, el Ministerio de Salud del país eliminó los datos acumulados de COVID-19 de su sitio web en junio cuando el presidente Jair Bolsonaro declaró que “no reflejaban el momento” en que se encontraba el país.
La Corte Suprema ordenó que se restauraran los datos, y las cifras ahora indican que Brasil se encuentra entre los países más afectados del mundo, mientras el gobierno va por su cuarto ministro de Salud desde que comenzó la pandemia.
Quienes se niegan a seguir los lineamientos del gobierno se han enfrentado a repercusiones, desde la pérdida de sus trabajos hasta la intimidación legal y los ataques verbales.
Después de que criticara al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y a su gobierno por su manejo de la crisis de la COVID-19, se registró un aluvión de abusos en línea contra Maria Ressa, fundadora de Rappler, sitio de noticias con sede en Filipinas.
Ressa es una crítica abierta de Duterte, pero el análisis del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) muestra que el segundo pico más alto en el abuso contra Ressa se correlacionó con su cuestionamiento a los informes oficiales de los datos de COVID-19.
“Ressa vive en el centro de una tormenta del siglo XXI”, dice el informe, dirigido por la directora global de investigación del ICFJ, Julie Posetti. “Es un furor de desinformación y ataques, uno en el que periodistas creíbles son sometidos a la violencia en línea con la impunidad; donde los hechos se marchitan y las democracias se tambalean”.
Posetti señala que las amenazas estatales y la violencia digital ponen a los periodistas, y al periodismo, en riesgo en el mundo real. En enero se emitió la décima orden de arresto contra Ressa, quien enfrenta múltiples procesos por difamación, además de una pena de cárcel de seis años, que ella está apelando.
Anthony Leachon, destacado médico y experto en salud pública de Filipinas, se vio obligado a renunciar como asesor especial en el grupo de trabajo COVID-19 en junio, después de que mostró públicamente su desacuerdo con el manejo de la pandemia por parte de la administración Duterte, y argumentó que el grupo de trabajo había sucumbido a la presión política.
Leachon también criticó al Departamento de Salud, diciendo que su informe de COVID-19 no era confiable y estaba retrasado, y cuestionó por qué el gobierno estaba favoreciendo a las vacunas pertenecientes a compañías que no tenían datos de seguridad y eficacia. El gobierno de Filipinas aprobó las vacunas Sinovac y Sinopharm para menores de 65 años.
Leachon ha seguido pidiendo a las autoridades que publiquen datos en tiempo real sobre las infecciones por COVID-19, lo que, dijo, permitirá a los funcionarios locales responder rápidamente con las políticas adecuadas.
Por hablar de forma independiente, Leachon ha sido ridiculizado y objeto de burla por los partidarios de Duterte. El portavoz de la administración, Harry Roque, admitió que Duterte maldijo repetidamente a Leachon durante una reunión del gabinete sobre COVID-19 en diciembre.
“Esta falta de transparencia y urgencia es la razón por la que Filipinas está en un lío en este momento y se ha quedado rezagado de sus pares en la región”, señaló Leachon a SciDev.Net.
“Estamos en el confinamiento continuo más largo del mundo. Todavía estamos en cuarentena, pero ahora estamos viendo un aumento en los casos … [y] todavía estamos en medio del debate sobre qué vacunas adquirir, cómo y cuáles son las pautas de selección”, subrayó.
En marzo, Filipinas recibió su primera entrega de vacunas de COVAX, la asociación internacional establecida para apoyar el acceso a las vacunas de los países de ingresos bajos y medianos. Leachon advierte que la falta de apertura y transparencia en el país socava la confianza en las vacunas COVID-19.
En México, los ataques al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo independiente de libertad de información, se intensificaron con el inicio de la pandemia.
En 2019, primer año de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el INAI informó que su administración desafió legalmente al menos 30 solicitudes de información aprobadas por el instituto.
En enero, López Obrador anunció una propuesta para cerrar el INAI y reemplazarlo por una agencia gubernamental, una medida que el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, llamó “la receta perfecta para el secreto y el abuso”.
“El INAI ha desempeñado un papel crucial en la protección de la privacidad y en garantizar que el público pueda acceder a información sobre la corrupción gubernamental y las violaciones de derechos humanos”, dijo Vivanco.
Janet Oropeza Eng, investigadora de responsabilidad y anticorrupción de la organización de la sociedad civil Fundar, afirma que el INAI ha sido fundamental en los esfuerzos para monitorear las agencias del gobierno federal durante los últimos diez años.
“Si el INAI desaparece o se vuelve dependiente del [Poder] Ejecutivo, sería un retroceso en términos de independencia y autonomía. No es posible ser juez y parte a la vez”, señala Oropeza a SciDev.Net.
“El (Poder) Ejecutivo no podría ordenarse a sí mismo divulgar información. Para los mexicanos sería un retroceso en el derecho a la información que ya estaba garantizado”.
La sede de Transparencia Internacional en México ha realizado repetidas solicitudes de libertad de información para transparentar los precios, pero “no llega a ninguna parte”, según Jonathan Cushing, del equipo de salud global de la organización.
“Y no es exclusivo de México; en Argentina, en Pakistán están intentando lo mismo. Es un cierre completo”, dice.
Las referencias crípticas a la “neumonía” se convirtieron en una de las únicas formas en la que los tanzanos podían hablar abiertamente sobre el brote de COVID-19, después de que el gobierno aprobó una regulación que prohíbe informar sobre esa enfermedad.
Según la regulación de contenido en línea, se prohíbe la publicación de “información pública que pueda causar estragos y desórdenes públicos”, incluido “contenido con información sobre el brote de una enfermedad mortal o contagiosa [sic] en el país o en cualquier otro lugar sin la aprobación del autoridades respectivas”.
Las infracciones pueden derivar en prisión por un mínimo de 12 meses, una multa de al menos cinco millones de chelines (US$ 2.155), o ambas.
Adolf Mkono, residente de la región norteña de Kagera en Tanzania, que limita con Burundi, Ruanda, Uganda y el lago Victoria, dice que el temor a ser acusado en virtud de la nueva regulación está sofocando el intercambio de información.
“Desde finales del año pasado he sido testigo de la muerte de varias personas después de quejarse de dificultad para respirar. Esto no es normal”, dice Mkono.
Quizás no sea COVID-19, pero el gobierno debería salir y explicar qué está causando estas muertes. No tenemos la libertad o los hechos para decir si es COVID-19”, señaló a SciDev.Net Mkono durante una entrevista realizada en enero de este año, antes de la decisión de la nueva presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, de formar un comité asesor científico para COVID-19
El Ministerio de Salud de Tanzania no respondió directamente a estas afirmaciones cuando SciDev.Net solicitó comentarios. Pero el jefe de Comunicaciones compartió un video de la secretaria principal del Ministerio, Mabula Mchembe, diciendo: “No es cierto que se deba creer que todos los pacientes que se quejan de dificultades respiratorias tienen COVID-19. He visitado muchos hospitales y puedo concluir que la situación del COVID-19 de la que se habla se basa en afirmaciones de las redes sociales que no son ciertas”.
Los fabricantes de vacunas contra COVID-19 han exigido a los gobiernos de todo el mundo que firmen acuerdos de confidencialidad para mantener en secreto el precio por sus dosis.
“Algunos países han creado comisiones especiales para negociar la compra de vacunas COVID-19”, dijo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en un documento de enero.
“Puede haber falta de transparencia y, por lo tanto, un riesgo potencial de corrupción en lo que implican estos acuerdos”, advirtió.
Con los procedimientos de emergencia para las adquisiciones y las negociaciones de vacunas ocultos de la vista del público, la corrupción del sistema de salud puede tener un efecto rápido y devastador en la contención de la enfermedad.
El 27 de marzo, el gobierno de México revisó discretamente sus estadísticas oficiales de COVID-19, reconociendo que la cifra real de muertos puede ser 60 por ciento más alta que la que se informó anteriormente.
El país pasó de ser elogiado por la Organización Panamericana de la Salud por su respuesta inicial a la pandemia, a ser clasificado entre los países con peor desempeño del mundo a medida que aumentaban los casos y las muertes.
En abril de 2020 el gobierno emitió un decreto indefinido que autorizaba la compra de bienes y servicios relacionados con el coronavirus sin necesidad de realizar el proceso de licitación pública.
El resultado, según el proyecto de análisis de datos ComprasCOVID.MX, de la ONG de derechos humanos PODER y la iniciativa de periodismo de datos Serendipia, fue que casi 95 por ciento de los contratos de adquisiciones de México en 2020 fueron contratos de adjudicación directa, es decir, adjudicados sin competencia.
Esto se compara con 2019, cuando alrededor de 78 por ciento de los contratos públicos fueron adjudicaciones directas, según la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Y se han planteado preocupaciones sobre la idoneidad de las empresas adjudicatarias de las licitaciones, muchas de las cuales carecen de experiencia en los campos médicos o están vinculadas a casos de corrupción anteriores.
“Lo preocupante es que todos los niveles de gobierno, no solo el federal, están abusando del decreto de emergencia para continuar con las adjudicaciones directas sin restricciones”, dijo a SciDev.Net Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, filial de Transparencia Internacional.
Los datos recopilados por ComprasCOVID.MX muestran que las instituciones gubernamentales pagaron precios muy diferentes por equipos de protección personal vitales, como máscaras faciales: mientras algunos departamentos gubernamentales pagaron un peso mexicano (unos cinco centavos de dólar) por mascarilla, otros pagaron hasta 405 pesos, casi US$ 20.
Bohórquez dice que sin una cláusula de caducidad en la legislación sobre adquisiciones de emergencia, los fondos públicos y las instituciones de México quedan vulnerables a la corrupción.
Si bien hay informes de la existencia de vacaciones privadas para vacunación en los Emiratos Árabes Unidos, se cree que Pakistán es el primer país en aprobar la importación privada y la venta comercial de vacunas COVID-19.
Los defensores de la transparencia han instado al gobierno a abandonar la propuesta, que permitiría que las vacunas Sputnik-V se vendan a un precio alrededor de 160 por ciento más alto que el precio global establecido de US$ 10 por dosis.
Esto “proporcionaría una ventana de corrupción”, pues podría significar que las vacunas del gobierno terminen en hospitales privados para su venta comercial y aumenten sus precios en el sector público, dijo Nasira Iqbal, ex juez del Tribunal Superior de Lahore y vicepresidente de Transparencia Internacional Pakistán, en una carta al primer ministro de ese país.
“El gobierno no debería fomentar una política de este tipo que favorezca a un determinado sector de la sociedad a costa de la transparencia”, dijo Iqbal dos días después.
En respuesta, el secretario de Coordinación y Reglamentación de los Servicios Nacionales de Salud, Aamir Ashraf Khawaja, dijo que las ventas privadas de vacunas eran solo un elemento de la respuesta del gobierno al COVID-19.
“Permitir que el sector privado importara vacunas fue una decisión bien meditada del gobierno federal, porque las prioridades nacionales de vacunación favorecían a los trabajadores de la salud y los ancianos, lo que implicaba cierto retraso en llegar a otros segmentos de la sociedad”, dijo Khawaja en una carta.
“Se puede agregar que el gobierno está fijando el precio máximo de venta al por menor, dejando espacio para la competencia y la dinámica del libre mercado”, añadió.
Los posibles conflictos de intereses entre las autoridades y las compañías farmacéuticas privadas dejan una oportunidad para la corrupción, dicen los analistas.
SciDev.Net se comunicó con el Departamento de Información de Prensa del gobierno de Pakistán para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta hasta el momento de esta publicación.
Un economista de Pakistán, que pidió no ser identificado por temor a represalias gubernamentales o militares, declaró a SciDev.Net que, si bien hay pocos informes confirmados de corrupción por coronavirus, abundan los rumores en un país conocido por su corrupción sistémica y endémica.
“Del lado de las políticas hay rumores de corrupción en la compra de respiradores y en la supresión de datos de casos y muertes en la provincia de Punjab desde el inicio, para crear la impresión de que la incidencia del virus era baja”, dijo el economista.
“Del lado de la salud ha habido mucho escepticismo sobre los test de COVID-19. Una vez más, se rumorea que, para quienes los necesiten para poder viajar, los laboratorios privados proporcionaban deliberadamente resultados negativos. Esto se hizo principalmente para viajes internacionales. No hubo monitoreo, ni por parte de la prensa ni de las ONG”.
Además, los analistas dicen que los US$ 1.386 mil millones prometidos a Pakistán en abril de 2020 bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido del Fondo Monetario Internacional aún no se han desembolsado en su totalidad.
La primera víctima de la corrupción por coronavirus bien podría ser la confianza pública, dice Cushing, ya que las estadísticas sesgadas y los procesos de adquisición dudosos dan armas a los escépticos de las vacunas que podrían obstaculizar las respuestas a la pandemia.
“En el escenario actual de la pandemia, la confianza es clave. Necesitamos asegurarnos de que haya confianza en el sistema”, puntualizó Cushing. “Parte de la transparencia consiste en detener la corrupción, detener a las personas que obtienen ganancias de forma ilegal e inmoral a partir de esto”.
“Pero también se trata de permitir que las personas comprendan y participen en la toma de decisiones. Si las personas saben lo que está pasando y pueden comprender qué decisiones se están tomando y ayudar a dar forma a eso, se hace mucho más fácil lograr que los gobiernos rindan cuentas”, aseguró.
Las consecuencias para las sociedades podrían ir más allá de la amenaza inmediata de la enfermedad. Sin datos abiertos y ciencia abierta, las comunidades quedarán fuera de las conversaciones importantes y en la oscuridad, advirtió Cushing.
Los organismos de Salud necesitan datos para respaldar la “toma racional de decisiones” cuando se trata de priorizar qué medicamentos comprar. “Sin eso, en el mejor de los casos se podría estar desperdiciando dinero, y en el peor, tener un impacto en los resultados de salud”, prosiguió.
“La conexión entre gobernanza y sociedades saludables es exactamente eso: quieres sistemas de gobernanza transparentes, y cuanto más transparentes sean y más gente pueda participar en ellos, habrá mayor confianza en ese sistema”, explicó.
“Eso debería permitir que se produzca esa conversación sobre a dónde va el país en términos de salud, desarrollo, prioridades socioeconómicas”, concluyó.
Este artículo fue actualizado el 7 de abril para que quede explícito que Adolf Mkono dio sus declaraciones en enero, antes de la decisión de la nueva presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, de formar un comité científico asesor sobre COVID-19.
Los científicos argumentan que los datos del gobierno que indican una cantidad baja de casos de COVID-19 en Tanzania, México y Filipinas tergiversan la realidad de la crisis de salud. El gráfico refleja los datos oficiales obtenidos por el mapa COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins, al 26 de marzo.
