Científicos y políticos intercambian criterios sobre biotecnología agrícola

Manrique Vindas Segura

Representantes de universidades y otras instituciones científicas se reunieron con diputados-as de partidos con representación legislativa para el próximo período en el hotel Crown Plaza  Corobicí.

El “Conversatorio con los Diputados Electos sobre la Biotecnología Agrícola en Costa Rica”, fue organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Academia de Ciencias el pasado 5 de marzo en el hotel Crowne Plaza.

El objetivo era dar a conocer el punto de vista científico acerca de las aplicaciones de la biotecnología al desarrollo agrícola, entre las que se cuentan los productos genéticamente modificados o transgénicos, que han suscitado gran polémica, tanto en nuestro país, como en el resto del mundo (VER RECUADRO).

Mejoramiento genético vegetal

El Dr. Pedro Rocha Salvatierra, Coordinador en Biotecnología y Bioseguridad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), dio una explicación de la biotecnología y sus múltiples aplicaciones a la agricultura. Enfatizó que la transgénesis es solo una de las técnicas de la biotecnología.

Explicó que “las plantas genéticamente modificadas son aquellas que han sido modificadas a nivel de su ADN mediante la inserción de un gen que no es de ellas. Estas plantas transgénicas se diferencian del original solamente en la expresión de la característica que se les introduce.  Son una alternativa para lograr lo que la naturaleza no consiguió”

La biotecnología se refiere a las técnicas que utilizan organismos, o sustancias obtenidas de esos organismos, con el fin de crear o modificar un producto para aplicaciones prácticas.

La biotecnología utiliza todo tipo de organismos vivos que van desde virus hasta bacterias, animales o plantas y tiene importantes aplicaciones en la industria, la agricultura y la medicina.

La biotecnología agrícola aplica esta tecnología para manipular la estructura genética de organismos con el fin de lograr el mejoramiento genético vegetal en la elaboración de productos agrícolas.

Con ello busca el fitomejoramiento e incrementar la resistencia a plagas, al frío, al calor o a la sequía. También estabilizar el rendimiento y contenido nutricional de los alimentos.

La Dra. Marta Valdez Melara, investigadora de la UCR y miembra de la Academia de Agricultura de Francia, explicó la relación entre los alimentos genéticamente modificados y la salud.

Fue enfática en que todos los alimentos deberían ser sometidos a procesos de comprobación de su inocuidad, independientemente de la tecnología con la cual fueron elaborarlos, como se hace actualmente en Canadá, por ejemplo.

En la mayoría de países solo se exige este proceso a los alimentos de cultivos genéticamente modificados. El proceso para que uno de estos productos sea aceptado es muy largo y exigente.

La Dra. Valdez explicó que “todas estas solicitudes deben ser presentadas simultáneamente en varios países, lo que significa que debe haber un consenso prácticamente mundial de las evaluaciones de los cultivos genéticamente modificados”.

Dijo que la inocuidad de estos cultivos se comprueba apegándose a un procedimiento de equivalencia sustancial; este “evalúa múltiples aspectos tales como la descripción de la planta del origen del ADN recombinante, descripción del organismo, descripción de las modificaciones, caracterizaciones de las modificaciones genéticas, la evaluación de las sustancias expresadas, los componentes esenciales, los metabolitos, como se elabora el alimento, la modificación nutricional y otras consideraciones importantes”.

“Hasta el momento la evidencia científica indica que esos efectos adversos no son diferentes a los que se presentan por alimentos producidos con métodos tradicionales. No hay ninguna evidencia científica que indique que esos efectos adversos son peligrosos”, agregó la investigadora.

La Dra. Valdez destacó el potencial que tiene Costa Rica para el desarollo de la biotecnología. “Tenemos infraestructura, tenemos laboratorios, tenemos científicos, capacidad para desarrollar localmente estos cultivos, tenemos regulaciones de bioseguridad y tenemos también una gran capacidad institucional en el campo del conocimiento y manejo de la biodiversidad: El Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), las universidades, sus colecciones, sus museos. La biotecnología puede ser  una herramienta que contribuya también a la conservación de  los recursos de la biodiversidad.”

El M.Sc.Giovanny Garro Monge, investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), explicó a los diputados-as la legislación existente en el país para regular los alimentos biotecnológicos y las normas de seguridad que estos deben superar para salir al mercado.

 

 

 

Ambiente legislativo

Los diputados del Movimiento libertario se mostraron a favor de que la biotecnología se utilice para impulsar el desarrollo agrícola nacional. El legislador electo Otto Guevara Guth, expresó su preocupación porque se haga llegar información correcta y educación sobre este tema a los jóvenes colegiales, gobiernos locales y medios de comunicación.

También dijo que se deben proteger los derechos de autor de los descubrimientos realizados en el país. Se preguntó si con esta cantidad de investigación que se hace en el país se ha logrado patentar algo  a favor de una Universidad.

“Toda esta cantidad de recursos económicos, recursos humanos y talento que durante años se han dedicado a investigar y ha logrado algunos productos extraordinarios, ¿Porqué no se patentan para beneficio de las mismas entidades académicas, para que puedan mejorar la investigación en ese campo?”, agregó.

El político dejó abierta la posibilidad para invitar a los científicos a mantener audiencias en la próxima Asamblea Legislativa para que “los diputados, que tal vez con poca información pretendían ir en una dirección, puedan corregir su posición”.

Por su parte el diputado electo del mismo partido, José Alberto Alfaro Jiménez, dijo que la realidad del progreso tecnológico no se pude obviar.

Costa Rica no se puede rezagar, y si hay ya experimentos y producciones masivas que han ayudado a la economía en otros países, y que también están enfocados en esa orientación, no podríamos dejar de lado esas experiencias positivas, que ya han sido comprobadas. Deberíamos hacerle caso a lo que ustedes han expuesto para que se considere en una eventual ley”.

Mencionó que “se debe hacer algo a nivel bancario para financiar a los productores que quieren utilizar las nuevas tecnologías, de manera que los pequeños productores puedan competir ofreciéndoles financiamiento.”

El diputado electo del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís Fallas, valoró la información suministrada por los científicos como “una presentación extremadamente seria, urgente y necesaria, donde se han combinado universidades de Costa Rica lideradas por la Academia Nacional de Ciencias para informarnos sobre las bases científicas de la biotecnología y las posibles consecuencias, o no consecuencias,  en la salud de alimentos producidos por la biotecnología”.

Sin embargo otros diputados del PAC no se mostraron partidarios de los productos transgénicos. Por ejemplo diputado Javier Francisco Cambronero Aguedas invitó a los científicos a que “revisen la resolución de la Municipalidad de San Ramón que hace señalamientos técnicos, rigurosos y científicos de por qué oponerse. Es muy rico el análisis que plantean los regidores de la Municipalidad de San Ramón que se opusieron a la siembra de maíz transgénico”.

Además rechazó que “se vea en uno una posición retardataria o primitiva de oponerse. ¡No, no, por amor a Dios! Estamos de acuerdo con la biotecnología y que son instrumentos útiles, sobre los cuales el rigor ético es fundamental. Y es una vía de desarrollo que habrá que explorar con el debido acompañamiento exhaustivo desde lo político y la capacidad de reflexión y análisis que tenemos los legisladores y legisladoras”.

Otro diputado del PAC, Marco Vinicio Redondo Quirós, expresó dudas acerca de que los controles establecidos para vigilar la calidad de los alimentos se cumplan. Aseguró que “este es un tema que no se puede agarrar a la ligera, porque podemos decir que este tipo de investigaciones pueden darnos aportes importantes para la subsistencia de la humanidad, pero pueden darnos, si no lo sabemos controlar, el efecto contrario”.

Una posición similar expresaron diputados del Frente Amplio. La diputada Ligia Fallas Rodríguez se mostró a favor de una moratoria, “y una moratoria mínima de 30 años.Porque como les digo, yo no he visto ni aquí, ni en ningún otro lugar, un estudio científico de por lo menos 20 o 30 años donde nos digan que no hay  peligro de usar transgénicos agrícolas”.

El diputado electo de ese mismo partido, José Ramírez Aguilar, manifestó que “hay dos bandos que científicamente demuestran cosas contrarias y eso es algo que hay que discutirlo y analizarlo.

“Al no existir una certeza científica, nosotros nos mantendríamos en la posición de impulsar y aprobar el proyecto de ley para decretar la moratoria nacional indefinida de la siembra de plantas genéticamente modificadas, mientras no exista esa certeza científica que permita descartar su impacto negativo para el ambiente y la salud de las personas”, enfatizó el legislador electo.

Agregó que, “mantenemos el respaldo a las municipalidades que han declarado su territorio libre de transgénicos y han limitado los monocultivos de acuerdo con sus competencias de  ordenamiento territorial”.

Sobre estas declaratorias de las municipalidades, la Dra. Valdez aclaró que el Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José dictaminó que las Municipalidades no son competentes para regular lo concerniente a vegetales transgénicos y organismos modificados (VER SENTENCIA).

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA DE LEY DE MORATORIA A LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS

El 16 de octubre del 2013, organizaciones ecologistas presentaron en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca prohibir el cultivo de productos transgénicos en el país,decretando una moratoria indefinida, mientras se presentan pruebas científicas que demuestren las posibles consecuencias que pueden tener estos productos para la salud.

El "Proyecto de Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados” contó con el apoyo político de diputados de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio.

Su objetivo es "cerrar las puertas a los cultivos transgénicos y seguir por el camino de una Costa Rica ecológicamente sustentable y socialmente justa”, rezaba un comunicado difundido por la Federación Ecologista Costarricense (FECON) y el Bloque Verde.

El proyecto de ley establece cuáles aplicaciones de la ingeniería genética no serán permitidas y plantea promover las prácticas agroecológicas y la agricultura orgánica.

Actualmente 71 de los 81 municipios del país, han declarado sus territorios libres de transgénicos, lo cual representa el un 87% de los gobiernos locales del país y la moratoria plantea declarar todo el territorio costarricense libre de transgénicos.

La iniciativa fue una reacción de grupos ecologistas, al hecho de que en noviembre de 2012, la empresa D&PL Semillas, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land, que forma parte de Monsanto, presentó una solicitud ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), para sembrar en Guanacaste varias hectáreas de maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034 y obtuvo el visto bueno para cultivar hasta dos hectáreas con ese maíz transgénico para investigación.

De acuerdo con datos del Servicio Fitosanitario de nuestro país, en la actualidad existen 443,1 hectáreas de cultivos transgénicos, entre algodón, soya, banano y piña, de las empresas Bayer, Semillas Olson, D&PL Semillas, Semillas Del Trópico y Del Monte.

El 27 de agosto del 2013 un tribunal declaró que las Municipalidades son incompetentes para regular en materia de transgénicos y que “el único órgano competente para regular lo referente a importar, investigar, exportar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y comercializar vegetales transgénicos, organismos modificados genéticamente o sus productos, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, producidos dentro o fuera del país, es el Servicio Fitosanitario del Estado.

Este órgano, con personalidad jurídica instrumental del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuenta con la asesoría de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, materia de biotecnología”.

Serán los diputados de la próxima Asamblea Legislativa, quienes tomen la decisión sobre este proyecto de ley.